La defensa de la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner denunció este lunes que empleados domésticos que acudieron a su departamento de Buenos Aires sufrieron síntomas de intoxicación y dio a entender que puede haber tóxicos en el lugar, versión que rechazó el jefe de la Policía.

El abogado defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, relató en una carta publicada en las redes sociales que personal doméstico que debía hacer la limpieza tras la requisa policial sufrió "mareos, fuerte picazón en la garganta y ojos y dificultades para respirar".

"Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva exposición al mismo ambiente", sostuvo el abogado.

Además, indicó que debido a ello la exmandataria y actual senadora se abstendrá de regresar a su residencia.

En respuesta, el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, aseguró que en el allanamiento al departamento de Kirchner el jueves pasado "no se utilizó ningún químico ni se dejaron tóxicos".

"Yo, como jefe de la Policía, me ofrezco a ir al departamento y prender los aires (acondicionados). Se actuó de acuerdo a la legalidad, con la presencia de dos testigos hábiles que dan cuenta del procedimiento", señaló Roncaglia para enfatizar su negativa de que pueda haber en el lugar rastros de algún agente irritante.

Desde que el Senado autorizó los allanamientos el 22 de agosto pasado, Kirchner ha permanecido en la casa de su hija Florencia, en Buenos Aires.

El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia familiar en Río Negro (Patagonia, sur) y su casa vacacional de El Calafate (Patagonia, sur) fueron allanados entre jueves y domingo en el marco de una causa por corrupción que implica también a una docena de exfuncionarios de su gobierno (2007-2015) y del de su ya fallecido esposo Néstor (2003-2007), así como a numerosos empresarios.

El juez Claudio Bonadio investiga "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos (...) comandados por quienes fueran titulares del poder ejecutivo", Néstor y Cristina Kirchner, según un informe de la causa publicado por el Centro de Información Judicial.

Los cálculos iniciales apuntan a que la trama de sobornos para obtener contratos de construcción de obra pública puede ascender a 160 millones de dólares.

Desde que se inició la investigación el pasado 2 de agosto, han sido indagados 52 empresarios y exfuncionarios, incluyendo a Cristina Kirchner.

Como senadora, Kirchner goza de fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser imputada y condenada.